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Una reforma cuestionable

Una reforma cuestionable
La obligatoriedad del uso de casco y chalecos para quienes circulen en moto con la numeración grabada del vehículo en estos accesorios, ha despertado cierto escepticismo entre la población.
La medida fue anunciada por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, con el objetivo de tener un mayor control y disminuir el delito que, según la estadística tiene un alto protagonismo de delincuentes que se trasladan en estos vehículos de dos ruedas.
Esta reforma a la Ley de Tránsito obliga a los motociclistas a llevar bien visible la numeración de la patente de su rodado, mientras que los acompañantes deberán portar cascos y chalecos refractarios de color amarillo, también con dicha identificación del dominio.
La nueva normativa también contempla la obligación de los empleados de las estaciones de servicio de cargar combustible únicamente a aquellas motos cuyos conductores se presenten con el casco numerado que especifica la ley.
Además, habrá 90 días para regularizar la situación de los motociclistas y también se otorgará un plazo en los registros de propiedad de automotor y de motos para que se registren quienes aún no tienen patentes.
El anuncio del Gobierno despertó una instantánea reacción en contra de los usuarios de motos, manifestándola a través de marchas de moteros en varios lugares del país, entre ellos Necochea, con una presencia frente a la Municipalidad, pero sin la posibilidad de expresarse ante algún funcionario, como era intención de quienes se movilizaron en contra de la norma.
Las  manifestaciones, efectuadas bajo el lema "las personas no se patentan”, conjugaron las quejas ante una medida que, además de conllevar un gasto extra, se considera estigmatizante. "Parece que todos somos delincuentes hasta tanto se demuestre lo contrario”, señalan los propietarios de las motos.
Por otro lado se sienten desprotegidos, ya que temen de ser despojados de sus cascos y chalecos por delincuentes, que luego saldrán con esas identificaciones a cometer sus delitos.
Asimismo cuestionan la nueva reglamentación por los negativos resultados que se han obtenido en otros lugares en los cuales se aplicó, entre ellos Colombia, en este caso para intentar ayudar a controlar los constantes amenazas del ámbito del narcotráfico.
En el caso de la provincia de Buenos Aires, la idea tuvo un antecedente en 2014, pero no llegó a aplicarse y la obligatoriedad se diluyó rápidamente.
En la Argentina existe un parque de siete millones de motos y en el caso de Necochea unas 20.000, con un crecimiento notable en los últimos años, por la accesibilidad de sus valores y condiciones de venta.
Tal explosión, con una constante comercialización de las unidades y generalmente sin mediar las correspondientes transferencias, los robos de motos que se multiplican para alimentar el mercado negro y la practicidad de estos vehículos para el cometido de robos y la posterior  huida, han generado un anormal escenario que el Estado bien intencionado pretende controlar de algún modo.
Sin embargo, la resistencia a la reforma a la Ley de Tránsito anunciada hace horas parece haber puesto su normal aceptación y aplicación en un cono de sombra, y los motociclistas han prometido seguir expresando su oposición a través de marchas en distintos lugares del país.///

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